WASHINGTON - -


 La Corte Suprema de Estados Unidos falló el lunes que los estados no pueden obligar a los votantes potenciales a demostrar que son ciudadanos antes de empadronarse en un sistema federal diseñado para facilitar ese proceso.
 
Los magistrados votaron 7-2 a fin de anular una norma para los votantes aprobada en Arizona para que los posibles votantes comprueben que son ciudadanos norteamericanos para poder llenar un documento de inscripción, creado bajo la ley de registro de votantes en conjunción con el sistema federal de conductores.
 
La ley federal "impide que Arizona obligue a que los solicitantes de un documento federal presenten información adicional a los requisitos incluidos en éste", destacó el magistrado Antonin Scalia en un escrito que fue parte de la mayoría del máximo tribunal.
 
La corte estudió la legalidad de la norma de Arizona de que los posibles votantes presenten documentos que demuestren que tienen la nacionalidad a fin de llenar una solicitud de inscripción creada por la ley federal de registro de "votantes con vehículos de motor".
 
El tribunal de apelaciones del 9 circuito dijo que la Ley Nacional de Inscripción de Votantes de 1993, que no obliga a la presentación de esos documentos, supera a la Propuesta 200 aprobada en 2004 en Arizona.
 
Arizona apeló el fallo a la Corte Suprema.
 
El caso se enfoca en Arizona, que se ha enfrentado frecuentemente con el gobierno federal sobre asuntos de inmigración y con relación a la frontera con México, pero tiene más implicaciones en vista de que otros cuatro estados -Alabama, Georgia, Kansas y Tenesí- han impuesto normas similares y otros 12 estados tienen previsto aprobar leyes del mismo tipo.


 
Los opositores de la ley de Arizona opinan que se trata de un ataque a un grupo vulnerable de votantes entre los grupos minoritarios, inmigrantes y los ancianos. Dijeron que conocen el caso de más de 31.000 posibles votantes legales en Arizona que se hubiesen podido inscribir antes de la aprobación de la Propuesta 200, pero se les bloqueó esa posibilidad por esa ley, 20 meses después que fue sancionada en 2004. Un 20% de los afectados por la ley estatal es hispano.
 
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